Se prorrogó hasta el 2020 la obligatoriedad de instalar control de estabilidad

Ya hace unos meses se venía hablando de la postergación y ya es una realidad «se prorrogó la obligatoriedad de la instalación del control de estabilidad (ESP) en los nuevos modelos«.  El Gobierno argentino, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dispuso que el mencionado sistema de seguridad prorrogue su entrada en vigencia  en los autos cero kilómetro hasta el año 2020.

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, se dirigió directamente a Presidencia de la Nación, Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad con el fin de informar y solicitar a los responsables de que no sigan adelante con esta lamentable decisión. Latin NCAP entiende que el gobierno argentino, al igual que los otros gobiernos de la región, deben introducir regulaciones sólidas y transparentes para mejorar la seguridad de los vehículos. Asimismo entiende que los fabricantes de automóviles deberían ofrecer a los consumidores la misma protección básica que ofrecen a sus clientes de las economías maduras.

¿Pero qué es y cómo funciona el Control de Estabilidad?

Es un sistema de seguridad activa incorporado en el vehículo, cuyo objetivo es evitar que éste pierda la trayectoria correcta en caso de, por ejemplo, un golpe de volante brusco del conductor para tratar de esquivar un objeto, bache, etc.

El sistema consta de una serie de sensores que permiten conocer la trayectoria que desea seguir el conductor en función, por ejemplo, de la posición del volante. El sistema dispone también de sensores que le permiten conocer la trayectoria real que está siguiendo el vehículo. Si la trayectoria propuesta por el conductor y la que realmente está siguiendo el vehículo no coinciden, entonces el sistema interviene frenando la rueda que considere conveniente para reconducir el vehículo hacia la trayectoria correcta. En otros casos, además, el sistema actúa sobre el par motor.

Las últimas pruebas de choque realizadas por Latin NCAP, han demostrado que los fabricantes de automóviles pueden construir vehículos en nuestra región cada vez más costeables y con seguridad de cinco estrellas, eso implica la inclusión de ESC, tecnología que está demostrado que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad. Asimismo se ha demostrado lo importante que es que los gobiernos establezcan normas mínimas de seguridad para los vehículos vendidos a los consumidores. Sin estas normas, varios de los fabricantes de automóviles continuarán ofreciendo seguridad deficiente, 20 años atrasada respecto a Europa y las familias de argentinos seguirán sufriendo pérdidas y lesiones innecesarias ante siniestros de tránsito.

Gran cantidad de los incidentes viales que se ven a diario en rutas y que se aducen a impericia del conductor podrían ser evitadas con el ESC. La incorporación inmediata de este sistema es lo correcto para la seguridad vial y para los consumidores de Argentina. Latin NCAP entiende que si la razón de la postergación es acompasarse con el mercado brasilero, Argentina perdió la oportunidad de liderar en la región en esta materia. La postergación del requerimiento del ESC ignora a quienes han trabajado duramente por la seguridad vial y apoya a unos muy pocos que entienden que la seguridad vial es menos importante que sus propios beneficios económicos. Hay marcas que han creído en este acuerdo y han dispuesto recursos para cumplirlo.

Latin NCAP ha demostrado que el mercado puede cambiar gracias al esfuerzo y presión de los consumidores, es por ellos y los resultados de Latin NCAP que se explica que varias marcas ya hayan impulsado mejoras en seguridad en nuevos vehículos de nuestra región mucho antes que los gobiernos y con más exigencia en los niveles de protección de las normas básicas de seguridad.

Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP destacó: «Mientras esta tecnología que salva vidas no se haga obligatoria como estaba acordado en 2018, los fabricantes la seguirán ofreciendo como opcional cobrando por ella varias veces más del costo real haciendo pagar al argentino más por seguridad básica de otros mercados. Creemos que este es el peor efecto de dicha decisión, que los argentinos que decidan por más seguridad se vean forzados a pagar varias veces el costo real por ella. En tanto que si es obligatoria, todo argentino que compra un vehículo caro o barato con gran esfuerzo económico hubiera tenido esta protección básica desde 2018″.

El gobierno debería haber antepuesto la seguridad de entre 1 a 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo o harán uso de un nuevo vehículo para trabajar (sea taxi, remise u otro), ante el interés económico de unos pocos de demorar esta exigencia y ampliar sus ganancias por un tiempo más. Es preocupante que hoy, ya ocho años de iniciada la Década de Acción para la Seguridad Vial de la ONU, el motivo sea el bolsillo de unos pocos en beneficio de corporaciones multinacionales, a costa de la seguridad de los argentinos».