No más UTV’s y 4×4 en La Frontera: la Justicia bonaerense ordenó frenar las actividades con vehículos en la zona del parador de Pinamar por riesgos a la seguridad
La Justicia bonaerense dispuso la suspensión inmediata de todas las actividades motorizadas en el sector conocido como La Frontera, en el partido de Pinamar, ante el riesgo que representan para la seguridad pública. La resolución judicial se enmarca en la investigación por el accidente que sufrió Bastián Jerez, un niño de ocho años que continúa internado tras un siniestro ocurrido en esa área costera, y busca prevenir nuevos episodios con posibles consecuencias graves.
La prohibición alcanza a cualquier tipo de evento recreativo o competitivo que involucre vehículos como camionetas 4×4, cuatriciclos, UTV, motos y otros rodados similares. Esto incluye carreras informales, pruebas de destreza, picadas y maniobras riesgosas, prácticas que, según se desprende de la causa, se realizaban de manera frecuente sin la debida autorización ni supervisión. Para la Justicia, existe un peligro concreto y reiterado, especialmente para niños, adolescentes y familias que transitan el lugar con fines recreativos.
La decisión judicial se originó a partir de un amparo presentado por Pablo Julián Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. En el fallo, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, resolvió prohibir las actividades motorizadas hasta tanto el municipio garantice condiciones efectivas de seguridad y control. Entre los requisitos establecidos figuran la correcta señalización del área, la delimitación de sectores, la implementación de controles permanentes y la adopción de medidas preventivas suficientes.
En la presentación judicial se remarcó que las prácticas motorizadas en La Frontera han provocado heridos y víctimas fatales a lo largo de los años, incluyendo casos con menores involucrados. También se destacó que estas maniobras se desarrollan en un espacio compartido con peatones y familias, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Medios locales señalaron que la zona ha sido escenario de múltiples siniestros, algunos de ellos con desenlaces trágicos, lo que reforzó la necesidad de una intervención urgente.
El magistrado desestimó el argumento previo del municipio, que había señalado la imposibilidad de actuar por tratarse de un predio privado. En ese sentido, recordó que los gobiernos locales tienen la obligación de ejercer el poder de policía para regular y controlar actividades que puedan poner en peligro la seguridad de la población. Además, consideró que la aplicación de multas resulta insuficiente frente a la gravedad de los antecedentes registrados, por lo que la resolución se apoya en el principio de prevención del daño y en el deber estatal de actuar de manera anticipada ante riesgos de consecuencias graves o irreversibles, especialmente en un sector de uso masivo durante la temporada de verano.
